Rosy Souza vive en Alcalá de Henares junto a sus tres hijos y una nieta. Tiene 42 años, se dedica a limpiar casas y cuidar de algunos niños y en dos semanas ha pasado de respirar con algo más de tranquilidad a verse en la calle. El juzgado que instruye un proceso por usurpación de vivienda aplazó su desahucio. Rosy nunca quiso verse en esta situación, de la que no fue consciente hasta marzo de 2023, cuando descubrió que estaba siendo víctima de una estafa.
Ella siempre pagó el alquiler de 500 euros por este piso cerca del barrio Puerta de Madrid a una arrendadora que no era la propietaria del piso. Ahora, el Banco Sabadell se niega a darle la oportunidad de comprar la vivienda, tampoco le permite acceder a un alquiler social, a pesar de que Rosy en ningún momento se ha negado a pagar por seguir en él.
La entidad financiera ha intentado echarla de la casa, pero los tribunales dictaron la suspensión cautelar. La no convalidación en el Congreso del decreto de prórroga del escudo social, que incluía una medida contra los desahucios de personas vulnerables, volvió a ponerlos en la picota. Los representantes jurídicos de Banco Sabadell aprovecharon este hueco para solicitar al juez un nuevo señalamiento del lanzamiento para expulsarlos del inmueble. Ahora con el acuerdo entre el Gobierno y Junts, que ha recuperado la prórroga contra los desahucios podrán aguantar algo más.
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