El 10 de abril de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que marcaría el devenir de la sanidad pública en España. Conocida como la 15/97, abrió la puerta a que empresas se lucraran de la necesidad asistencial por parte de la población. Este proceso escalonado y paulatino de normativas legales que han facilitado la entrada de intereses privados en la sanidad pública ha escrito su último episodio con el hospital público de gestión privada, por parte de Ribera Salud, de Torrejón de Ardoz. En él, su responsable alentaba a los subordinados a seleccionar pacientes en función de su rentabilidad para aumentar los beneficios de la empresa.
A pesar de que las competencias en materia sanitaria recaen en las comunidades autónomas, es esa ley estatal sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud la que permite situaciones como las que se viven en diversos hospitales de la Comunidad de Madrid y el País Valencià. No son las únicas. Territorios como Euskadi y Catalunya han sufrido su particular proceso de privatización de la sanidad.
Gobernaba José María Aznar en minoría, pero la norma no tuvo problema en salir adelante con los únicos votos en contra de los nueve diputados de Izquierda Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Galego. Los votos de PP, PSOE, CiU, PNV y CC llegaron a los 290, y a los que se sumó una abstención. “Aquello fue el principio del fin. Les sirvieron en bandeja un negocio asegurado por el que no asumen ningún riesgo”, introduce Antonio Liébana, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), entidad que justo este año cumple 20 años de lucha por la sanidad pública.
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