Siempre se encontraron cerradas las puertas de los tribunales españoles. La Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los delitos denunciados, que la judicatura española no considera crímenes de lesa humanidad, suponen un revés continuo para las miles de personas que demandan verdad, justicia y reparación. A todas ellas les une lo mismo: ser víctimas del franquismo.
El 14 de abril de 2010, varias comenzaron a andar un tortuoso camino cargado de esperanza y lucha al iniciar lo que pronto se convertiría en una macroquerella. La jueza argentina María Romilda Servini es la encargada de esclarecer miles de casos entre desapariciones forzadas, trabajo esclavo, bebés robados, torturas y asesinatos producidos en España desde 1936 y 1978.
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