“El problema está en que la Administración pública todavía no sabe muy bien a qué nos dedicamos”. Con estas palabras resume la realidad que viven miles de profesionales día a día el vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología madrileño, Abel González. Junto a las demás entidades colegiadas, han presentado un proyecto de ley para que sus funciones estén delimitadas y así evitar que otros perfiles las ocupen. Mientras que la empresa privada sí ha sabido dar salida a estos profesionales, el ámbito público se queda atrás, denuncian.
Se presentan como los principales expertos en tratamiento y evaluación de la delincuencia, del riesgo de reincidencia en el ámbito penitenciario o en el análisis de iniciativas legislativas en el ámbito de la política criminal y pelean contra las trabas que la Administración pública pone a su contratación. El camino más corto es contar con su propia ley.
“En el borrador que hemos presentado a diferentes ministerios y partidos políticos definimos claramente las funciones del criminólogo para clarificar el panorama, encontrar más huecos y poder trabajar en espacios multidisciplinares”, comenta el vicedecano del colegio profesional, quien afirma que la norma que ansían no conlleva ningún cargo a los presupuestos, ya que está orientada a la regulación.
Seguir leyendo AQUÍ
Comparte si te ha gustado:
