Ya sea como disposición adicional en un convenio, o como régimen sancionador ante las protestas dentro de las universidades en una ley. La idea de castigar la movilización social por parte de la Comunidad de Madrid ha quedado patente en los últimos días. El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha intentado limitar la acción sindical de los bomberos de la región, aunque la movilización consiguió aplacar la proposición. Ahora es la comunidad universitaria la que se revuelve contra las elevadas penas que propone el Gobierno madrileño. Colgar una pancarta en una facultad puede suponer 15.000 euros de multa.
A ojos del delegado sindical de CCOO en Bomberos Comunidad de Madrid, Jorge Escribano, lo alarmante no es solo la inclusión de cláusulas que restringen el derecho a la protesta, sino la forma en la que la Administración ha intentado que se aprueben. En su caso concreto de negociación del convenio, “existía un preacuerdo ya firmado entre las partes. De repente, el viernes a última hora de la mañana proponen otro con esta disposición adicional, y nos dicen que el lunes tiene que ser la firma. Lo hacen de tal forma que si no estás muy atento, a lo mejor no te das cuenta de lo que pretenden”, defiende.
Se trataba de la disposición adicional tercera, denominada “cláusula de garantía”. “Las organizaciones sindicales que suscriben el presente acuerdo se comprometen a no promover durante toda su vigencia (...) huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tenga como finalidad la modificación de lo acordado”, rezaba.
Seguir leyendo AQUÍ
Comparte si te ha gustado:
