Ningún partido se libra del debate interno entre las posiciones abolicionistas, que buscan perseguir a los proxenetas y sancionar a clientes y caseros de puticlubes, de los postulados regulacionistas, que prefieren que se legalice la actividad y solo se penalice la trata de seres humanos. En el primer grupo están el PSOE y una parte mayoritaria de Unidas Podemos que incluye a Irene Montero. También el Partido Popular y Vox, aunque su posición ha penduleado en el último año. Enfrente tienen a los partidos independentistas, que temen que un texto abolicionista perjudique a las trabajadoras sexuales, apoyados por sectores transversales del resto de los partidos de la Cámara.
Comparte si te ha gustado:
