Las cárceles ardían, literalmente. Francisco Franco había muerto hacía ya dos años y los presos políticos y sociales que atestaban los centros penitenciarios españoles ansiaban la amnistía que no tardaría en llegar, aunque solo para los primeros. Mientras tanto, los castigos, torturas y vejaciones en las prisiones seguían siendo una política institucional. Los presos sociales se organizaron en torno a la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL).
Esta entidad, por raro que parezca, recibió el apoyo semiclandestino de varios funcionarios de prisiones que alentaban sus demandas. Les pasaban panfletos, pegatinas y hasta una cámara de fotos para documentar lo que se vivía tras los muros. “De todo menos armas”, llegaron a decirles. Se autodenominaron Sindicato Democrático de Prisiones (SDP), aunque en algunos lugares aparecieron como la Unión Democrática de Funcionarios de Prisiones (UDFP). Ellos jugaron un papel determinante a la hora de denunciar el maltrato que sufrían los internos, lo que les granjeó la animadversión y ciertas represalias por parte de compañeros cuyas actitudes quedaron anquilosadas en los años de la dictadura.
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