Ni le facilitaron la asistencia del abogado al que tenía derecho y que pidió desde el primer momento, ni fue escuchado personalmente por el juez antes de autorizar su internamiento en un centro psiquiátrico contra su voluntad. Esta es la realidad que sufrió B. M. en mayo de 2021 y por la que ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España al entender que se vulneraron los derechos a la libertad y seguridad personal, y a quien el Estado tendrá que indemnizar con 5.000 euros por los daños morales ocasionados.
Además, la sentencia del tribunal de Estrasburgo es importante porque invita a España a cambiar sus leyes para hacer que una persona que sufre un internamiento involuntario urgente en un hospital psiquiátrico tenga asistencia de un abogado desde el principio, y no solo si el paciente lo solicita de forma expresa.
Todo ocurrió tras un incidente en el centro de trabajo de B. M. Según detalla el integrante de Red Jurídica Eric Sanz de Bremond, su defensor, “desde el primer momento pidió de manera reiterada la asistencia de un abogado, y así consta en el informe médico”. Sin embargo, no se le permitió contactar con ningún letrado antes de la vista judicial. “Durante su estancia, B. M. fue medicado e inmovilizado con contenciones mecánicas de cinco puntos, sin haber prestado consentimiento y sin haber podido recibir asesoramiento jurídico”, añade.
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