Solo una de cada siete personas que se acerca a la sanidad pública por un problema de salud mental consigue cita con un especialista psicólogo o psiquiatra en menos de un mes (el 14%), según datos del CIS. Con suerte la espera se acota a los tres meses (21%), pero las posibilidades de que se demore todavía más son importantes (24%). ¿Qué pasa con el resto? Desisten o se van a la sanidad privada. Si pueden.
En un momento en el que tener un trabajo fijo ni siquiera es sinónimo de poder hacer frente a los gastos esenciales, pagar una consulta psicológica individualizada es casi implanteable para personas con menos recursos. La precariedad y la relación de la salud mental con el empleo es el lema de este año en el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre.
En los últimos años se han multiplicado las iniciativas para intentar acercar la atención psicológica a quienes lo necesitan pero no pueden costearlo: migrantes angustiados, estudiantes inmersos en la ansiedad y pacientes de zonas humildes. En realidad se trata de clínicas en las que se mezclan personas de todo tipo. La clásica sala de espera, algunos sillones y sillas anchas, láminas enmarcadas, revistas en una mesa baja y quizá un hilo musical relajante. Pacientes que aguardan la hora de su cita, cada uno con su propia historia. De un primer vistazo nadie podría saber quién de ellos puede hacer frente al pago de una terapia estándar o quién se beneficia de estos programas que intentan llegar a aquellos que menos tienen.
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