Los conocidos como ocho de Caixabank, todos integrantes de la PAH de Guadalajara, se han declarado insumisos judiciales porque entienden que su caso responde a una operación orquestada por parte de la judicatura para reprimir a activistas. Estas ocho personas se enfrentan a hasta tres años y medio de prisión por unos hechos ocurridos en una sucursal de Caixabank, el 5 de diciembre de 2017. La vista oral del juicio está señalada para el 10 y 12 de febrero de 2025, a la que no acudirá ninguno de ellos.
Ivalú Fuica es la portavoz de los afectados y rememora lo que sucedió aquel día, víspera del Día de la Constitución de hace siete años: “Iban a desahuciar a una compañera de Cabanillas que se había visto en la necesidad de ocupar una vivienda vacía de este banco, con menores a su cargo. El banco le había dicho que no lo haría hasta que tuviera alternativa habitacional, pero no se lo confirmaban por escrito, así que fuimos a la sucursal a acompañarla y negociar, como solía hacer la PAH”, inicia su relato.
Aquel alzamiento inmobiliario, que finalmente fue ejecutado sin que la familia pudiera acudir a otro lugar en el que guarecerse del frío invernal, terminó con la detención de la mujer que iba a ser desahuciada junto a siete activistas. “Estuvimos allí sin alterar nada. Los trabajadores pudieron seguir desempeñando sus funciones con total normalidad, y llegó la hora de cierre, y nos negamos a marcharnos hasta que pudiéramos negociar con el responsable”, continúa explicando Fuica.
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