Puri, José Ramón y Fernando no se conocen entre sí. Son personas mayores a las que les une el calvario que sufren cada vez que tienen que lidiar con la administración pública a la hora de realizar algún trámite, sobre todo cuando hay gestiones que solo se pueden hacer telemáticamente. La mayoría de los afectados intentan apoyarse en sus hijos, más duchos en el aspecto tecnológico. En cambio, ¿qué ocurre si una persona no tiene hijos? ¿Y si ni siquiera tiene Internet o un ordenador? Más allá de eso, ¿qué pasa con las personas que se niegan a dejar de lado el trato personal de forma voluntaria?
El informe anual de 2024 del Defensor del Pueblo recoge que la institución emprendió actuaciones para remediar las dificultades que muchos pacientes tenían para contactar con su centro de Atención Primaria o para pedir cita telemáticamente. Lo mismo sucede para conseguir una cita previa en la Seguridad Social, obligatoria para poder ser atendido. La secretaría de estado competente asegura que se prioriza la atención a personas mayores de 65 años y a ciudadanos que puedan perder derechos económicos sin cita previa.
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