La normalización del uso de aplicaciones tecnológicas en las aulas sin un debate previo en profundidad ha conllevado que muchas familias se nieguen a su uso. Lo que podría parecer banal por lo extendido que está en la sociedad o lo fácil que es su manejo, adquiere una connotación problemática cuando lo que está en juego son los datos de los menores. Desde edades tempranas, las niñas y los niños se ven totalmente dirigidos hacia las plataformas estadounidenses con base en Silicon Valley.

A pesar de que los expertos explican una y otra vez que existen alternativas de software libre, es la Administración pública la que apuesta por empresas como Microsoft y Google para gestionar el intercambio de información y los miles de dispositivos tecnológicos con los que cuenta. Frente a ello, cada vez más familias se organizan, hablan con los centros y con otros padres y madres para intentar revertir esta dinámica que ya está saliendo muy cara a nivel de privacidad y soberanía de los datos.
Joan Sentís vive en L’Escala, un municipio de la Costa Brava, y tiene un hijo de 10 años que acude a un colegio de la localidad. «Fui coordinador de informática en dos centros educativos en el momento en el que todo esto empezaba a entrar en las aulas. Yo introduje Google y un compañero informático me dijo que nos estábamos equivocando. En aquel momento no lo vi, pero ahora sí sé por qué lo decía», declara este docente de música ya jubilado.
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