Casi tres años después del día de los hechos, el caso que sentó en el banquillo de los acusados a Diego Catriel Herchhoren se ha cerrado con una sentencia absolutoria, para sorpresa del activista. Aun así, el escrito final contra el que no cabe recurso no es del todo garantista, pues recoge que este integrante de la PAH Guadalajara podría haberse enfrentado a una condena por un delito leve de coacciones al publicar imágenes en las que aparecían los rostros de los funcionarios que estaban ejecutando un desahucio aquel 26 de marzo de 2019 en el barrio de El Alamín.
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Diego Catriel Herchhoren frente al edificio de su vivienda,
tras la suspensión de su desahucio en Guadalajara. — María Duarte
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"Publicamos fotografías de trabajadores públicos en el ejercicio de sus funciones y en la vía pública", resume un Herchhoren que ahora respira más tranquilo tras ser absuelto de los delitos contra la intimidad, injurias y desobediencia por los que la Fiscalía le pedía casi dos años de prisión.
Aquella mañana, él y otra compañera repartían panfletos de la PAH en el centro de salud del barrio, a escasos metros de la vivienda donde se terminó
ejecutando el desahucio. "Cuando vimos que eso se empezaba a llenar de policías, la compañera y yo subimos a nuestras casas para poder ver lo que estaba pasando", relata el activista. Vieron cómo diversas unidades policiales, acompañados por la comisión judicial, efectuaban el desahucio de una familia que se encontraba ocupando un bajo sin ventanas de uno de los edificios, "en estado de ruina", puntualiza Herchhoren. La familia estaba compuesta por una mujer de 17 años, un hombre de 19 y un bebé que no llegaba a los 6 meses.
