“Rentistas culpables, Gobierno responsable”, “Vox y PP, la misma mierda es” y “nos quieres echar para especular”. Estos han sido algunos de los cánticos más repetidos esta mañana frente a la sede nacional del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Una convocatoria ciudadana secundada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha logrado congregar a unas 400 personas, según estas organizaciones.
Todas ellas han salido a la calle a las 12.00 horas con una única idea: intentar que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que prorroga dos años más los contratos del alquiler a más de un millón de contratos que terminan antes de 2028 no decaiga este martes, 28 de abril, en el Congreso de los Diputados.
“Por eso venimos aquí, a la sede del PP, para hacerles ver que votarán en contra de una medida que claramente beneficia a las personas que más lo necesitamos, que somos las inquilinas”, ha dicho en primera persona Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato. Según los datos recogidos por Eurostat, en 2024, el 42,2% de quienes vivían de alquiler a precio de mercado ya estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Además, los españoles destinan de media el 51,38% de su salario bruto mensual a la renta de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados, según un informe realizado por los analistas de pisos.com.
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