506,74 euros. Esa es la cantidad que dejó de pagar Dolores Miranda a su comunidad de vecinos hace cuatro años y que conllevó la apertura de un proceso judicial que ahora se traduce en una orden de desahucio programada para el 30 de septiembre. La afectada, de 77 años, se vio obligada a no abonar unas facturas del agua y la comunidad de propietarios ya que su pensión de viudedad, que ronda los 600 euros, no le alcanzaba para pagar el alquiler y dar de comer a sus dos hijos, que se habían quedado sin trabajo por aquél entonces. “Yo solo pido un alquiler social al que poder ir con mi nieto, con el que vivo, y que sufre depresión desde que iba al colegio”, dice Miranda.
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Una tormenta cae sobre el centro de Madrid, vista
desde las azoteas de Carabanchel. ÁLVARO MINGUITO
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