Si el sueldo de los funcionarios de prisiones depende en gran medida del complemento de seguridad, tendrán que hacer pensar a la sociedad y la Administración que existe una supuesta y cada vez creciente inseguridad en las cárceles para poder elevar sus nóminas. Aunque sea a costa de los internos. Esa es la tesis que defiende el sociólogo José Navarro en 'Un poder carcelario. Sindicatos de prisiones y sistema penal' (Virus, 2025), una investigación que aborda la genealogía de las organizaciones laborales del sector desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la actualidad, cuando nuevas agrupaciones muestran sin complejos su cercanía con la extrema derecha.
A día de hoy, asociaciones como Marea Blava Presons (MBP) en Catalunya o Tu abandono me puede matar (TAMPM) a nivel estatal centran sus reivindicaciones en el aumento de medios coercitivos tanto físicos, contra los reclusos, como legislativos. De ahí que, en algunos casos, hayan llegado a demandar el uso de pistolas táser o sprays pimienta contra los internos, así como que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, con todo lo que ello comporta a nivel penal.
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