Félix Barrio Juárez asumió la dirección general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) en mayo de 2022. Desde entonces y hasta 2025, este ente dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha desembolsado 431.616 euros de dinero público en el pago de las indemnizaciones por los siete despidos que han golpeado al organismo, cinco de ellos declarados improcedentes en sede judicial.
En el trienio anterior, con Rosa Díaz al frente, la cifra se quedaba en los 83.000 euros. Desde el comité de empresa denuncian que las salidas vienen motivadas por “capricho” de Barrio, que se ha creado un clima de “tensión e incertidumbre” entre la plantilla y que el dinero de las indemnizaciones procede del erario público. El INCIBE ha asegurado que no se financia a través de los presupuestos generales del Estado (PGE), pero es mentira. Gracias a los Presupuestos de 2023, el organismo ingresó más de 150 millones de euros.
La información económica publicada anualmente por el propio INCIBE es clara sobre la cuantía a pagar por las salidas de la empresa, englobada en el capítulo de gastos de personal. En 2022, el Instituto pagó 81.607 euros en indemnizaciones por despidos; en 2023, la cifra se elevó hasta los 137.349 euros; y en 2024 subió hasta 212.660 euros.
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