Los 2.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón que la asociación de afectados calcula que existen por la construcción de un recinto ferial, un palacio de congresos y un hotel cerca de sus viviendas respiran algo más aliviados desde hace unos días. Un tribunal ha acordado como medida cautelar que las obras del proyecto no podrán comenzar hasta que haya sentencia firme sobre las consecuencias que puede acarrear su edificación. Los damnificados denuncian que no existe un informe medioambiental actualizado y temen ser víctimas de los problemas de tráfico y ruido que se generarían, mientras que el Consistorio defiende la construcción de estos enclaves al ser “fuente de riqueza y empleo”.
Javier Cabo, presidente de Pozuelo por la Calidad de Vida y contra el Ruido (POZCAVIR), afirma que la tramitación de la documentación por parte del Ayuntamiento “carece de todos los estudios pertinentes que se deben realizar” si se quiere realizar un proyecto de tales características. Tras agotar la vía municipal, la entidad acudió al tribunal de lo contencioso-administrativo. No les han dado la razón todavía, pero entienden que el magistrado ha apreciado indicios de que “estas obras podrían causar daños irreversibles sobre el entorno natural y residencial”.
Sin embargo, el Ayuntamiento liderado por Paloma Tejero (PP) ha señalado a elDiario.es que cuentan con varios informes favorables a la intervención. Citan uno fechado en diciembre de 2023 y emitido por la Comunidad de Madrid. En él se recoge que “no se observan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ni valores de vulnerabilidad del terreno objeto del planeamiento urbanístico”. Ante dicho extremo, Cabo incide en que ese dictamen fue emitido antes de darse a conocer el pretendido destino final de los terrenos. “Un informe ambiental general en el que no se concreta qué se va a construir lógicamente no sirve para nada”, defiende el pozuelero.
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