La hija de N. Muñoz, paciente psiquiátrica sobre la que recaen diversos intentos autolíticos, no se puede tratar en la sanidad pública. Amadau no ha cobrado más de 2.000 euros que le pertenecen por su baja de paternidad. Las hijas de Ana estuvieron tres meses sin escolarizar. Souleymane vive con miedo a que le pare la Policía y no pueda probar dónde vive. La falta de empadronamiento, un mero trámite administrativo orientado a censar a la población de un lugar, se ha convertido en la tortura cotidiana que golpea a aquellos migrantes que ven reducidos sus derechos y los de sus familiares día tras día. Tal y como sostienen todos los entrevistados en este reportaje, no solo se trata de vivienda, también de una vida que merezca ser vivida.

Muñoz llegó a España en 2018 y vive junto a su marido y su hija desde hace más de un año en una habitación por la que pagan 650 euros al mes, situada en Puente de Vallecas (Madrid). “Me prometió la dueña que me empadronaría ahí, pero no lo ha hecho”, se queja esta salvadoreña de 40 años. No culminar este proceso burocrático ha hecho que su hija no reciba la asistencia sanitaria que necesita como paciente psiquiátrica que es debido al retraso cognitivo y alteración de conducta que sufre, lo que le ha llevado a realizar cinco intentos autolíticos.
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