Nacieron hace 100 años con una idea que se mantiene hoy en día: aprovechar de forma ordenada y rigurosa los recursos hidráulicos. Un real decreto aprobado el 5 de marzo de 1926 creó las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, un modelo de gestión del dominio público hidráulico por demarcación que, en un primer momento, también fueron una forma de financiar el coste tan elevado de las obras de regulación de caudal y uso. Un siglo después, el cambio climático ha dejado desactualizados unos planes hidrográficos en los que la adaptación a los tiempos que vienen es pura retórica, según las expertas.
Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), recalca que el Estado siempre ha tenido competencias exclusivas en ello. En el año 2000 llegó un cambio con la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA), cuya vocación es “tomar medidas para proteger las aguas tanto en términos cualitativos como cuantitativos y garantizar así su sostenibilidad”, según explica la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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