Apenas nadie hace referencia al génesis de la privatización continua del sistema sanitario en España. Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública. Gobernando Aznar en minoría, el texto salió adelante con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después sucede: "La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en esta caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada, además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a los sanitarios, algo que no ocurre en la pública", recuerda Ángeles Maestro, diputada por aquel entonces de IU.
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