Diversos convocantes de movilizaciones organizadas durante la primera quincena del pasado mes de marzo han sido citados a declarar como testigos por la Guardia Civil, dentro de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
La investigación, que ha descartado "causalidad" entre las marchas del 8-M y el aumento de contagios por la covid-19, se centra en las movilizaciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo (cuando se decretó el estado de alarma). Para el abogado experto en derecho penal Ertlanz Ibarrondo, los activistas convocantes han acudido a testificar pese a que "las citaciones de la Guardia Civil no se ajustan a derecho por estar judicializado el caso".
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