Peligrosa, lesiva, involución, retroceso, hito, mecanismo de desordenación y hasta inconstitucional. Esos son algunos de los términos que urbanistas, arquitectos, ecologistas y representantes vecinales utilizan a la hora de hablar de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una norma regional todavía con carácter de anteproyecto de ley que sustituirá a la Ley del Suelo de 2001 y a la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. Diversas entidades han creado la Plataforma Madrid contra la ley Líder para advertir a la población de que esta ley “es otra vuelta de tuerca en desregulación y privatización de las políticas de suelo”.
El responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos, explica que la ley Líder tiene un enfoque de la vivienda urbanístico y, por lo tanto, mercantilista. “Es una versión 2.0 de la ley de 1998 de Aznar, la del todo urbanizable. Creo que ya sabemos las implicaciones tan negativas que tuvo aquella ley con la posterior burbuja y con no ofrecer vivienda a la gente que más lo necesita”, comenta. Desde su punto de vista, la norma que ahora defiende el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso viene a apuntalar que “gente con mucho dinero pueda comprar más vivienda para especular con una segunda venta o alquileres inflados”.
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