El coronavirus, unido a la externalización de los servicios de la ayuda domiciliaria a la dependencia por parte de la Comunidad de Madrid, está dejando situaciones dramáticas. Antonia Cuevas tiene 83 años, vive en Villalbilla, no puede moverse más que en silla de ruedas y tiene el grado más alto de dependencia. Presumiblemente, debido a su tratamiento de diálisis en el hospital de Alcalá dio positivo por Coronavirus el 25 de marzo. Al día siguiente, las trabajadoras de Domusvi, la empresa subcontratada por la Comunidad y que la ayudaban dos horas diarias se marcharon de su domicilio al enterarse del contagio. Los hijos se pusieron en contacto con la entidad, desde donde les respondieron que no iban a enviar a nadie y que, si querían, denunciaran los hechos.
Fuentes internas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad admiten que este tipo de ayudas se redujeron con la aparición de la pandemia y que uno de los factores para suprimir las visitas domiciliarias radicaba en tener un familiar conviviendo con la persona dependiente. Una información desconocida por la familia afectada, que tras haber llamado al número de información de la Comunidad de Madrid les remitieron al teléfono destinado al coronavirus, desde donde les contestaron que ellos no estaban ahí para solucionar solicitudes como la suya.
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