La Ley de Memoria Democrática 20/2022 entró en vigor el 19 de octubre y despertó una ola de esperanza en el movimiento memorialista. Dos años después, la larga espera para que el propio Estado la cumpla les ha hecho volver a reclamar, todavía con más fuerza si cabe, unas medidas reales de justicia, verdad y reparación, así como garantías de no repetición. Tibia en algunos aspectos, ni siquiera todo el articulado de la ley ha encontrado su reflejo en la realidad material. Las fuentes consultadas coinciden en el por qué: falta el reglamento que explique cómo aplicar la normativa.
El alcalde de Madrid reivindicó la decisión de devolverle el nombre de Millán Astray a una calle en Carabanchel durante la inauguración del monumento a la Legión en 2022. / Ayuntamiento de Madrid
“Esto es crucial, sobre todo ahora que la derecha y extrema derecha aprueban sus propias leyes de concordia en aquellas regiones en las que gobiernan, y derogan las de memoria que existían. Nos enfrentamos a una ola de revisionismo y negacionismo, y ahí el Estado tiene que hacerse valer con su ley de ámbito nacional”, defiende Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, englobada a su vez en el Encuentro Estatal de Asociaciones de Memoria Histórica y de víctimas del franquismo, donde se reúnen cerca de un centenar de colectivos.
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