El retraso en la aprobación de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) podría tener explicación. El testimonio de una antigua trabajadora cuyo contrato fue rescindido días antes de cumplirse su periodo de prueba con la empresa pública Tragsa, encargada de la gestión electrónica de esta prestación social, tras negarse a realizar lo que a su juicio era una irregularidad, deja entrever cómo desde la entidad buscaban paralizar el mayor número de expedientes. Con una nula formación profesional por parte de la empresa, los nuevos contratados para la ocasión tuvieron que resolver sus dudas entre ellos después de los desplantes y la incorrección de su superiora. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene conocimiento de lo ocurrido.
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Personas haciendo cola en un banco de alimentos de
una asociación madrileña. / SUSANA VERA (REUTERS)
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El refuerzo para intentar paliar la falta de personal en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) constaba de 500 personas que teletrabajarían durante cuatro meses. La trabajadora despedida relata cómo ciertos comentarios le dejaron entrever el pensamiento de su coordinadora desde el principio: "Lo primero que nos dijeron era que íbamos a tratar con gente que va a comedores sociales". Sus funciones, que consistían en clasificar los expedientes que llegaban en relación a la solicitud del IMV, les obligaba a comprobar que todos los requerimientos estuvieran completos. "Teníamos que entrar en bases de datos a las que, normalmente, el acceso es restringido para funcionarios, como el SEPE o la intranet del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y en las que nos daban pleno acceso para conocer la identidad de la persona, así como otros aspectos, como si había solicitado alguna otra prestación y su vida laboral", relata la antigua empleada.
Una conocida trabajó en ese proyecto y también fue despedida al finalizar el periodo de prueba. El repartidor que fue a su casa a llevarse el equipo le dijo que tenían 500 recogidas. Una gestión oscura cuanto menos.