En el mismo correo electrónico su empresa le puede felicitar por su trabajo y, un par de párrafos, un puñado de palabras después, decirle que empezará un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría perjudicarle. La vívida imagen de este esperpento tiene nombre propio: Universidad Europea (UE), con campus en Madrid, València y las Islas Canarias. A partir de febrero y si la mesa de negociación en donde se sienta patronal y sindicatos no lo hace variar, unas 275 personas podrían estar en la calle, el 80% de ellas plantilla perteneciente a la sede de la capital, de las cuales un 85% serían docentes, aunque la UE no ha corroborado estas cifras.
Este ERE “improcedente e injusto”, tal y como lo tilda Niurka Barrios, delegada sindical por USO en el comité de empresa, no tiene ninguna razón económica que lo sustente: “Aprovechando la crisis económica generada por la crisis sanitaria, la Universidad se aprovecha de un trabajo que hizo el profesorado durante el año pasado para argumentar que sobran trabajadores”. A lo que se refiere la sindicalista es a la obligación a la que se enfrentó el personal docente durante el curso anterior: “Nos dijeron que habían que realizar unos materiales digitales y nos juraron y perjuraron que no afectaría a nuestra labor, ya que la Universidad quiere hacer un modelo más flexibilizado, como ellos lo llaman”, concretiza un profesor que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias laborales.
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