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Los activistas que se manifestaron contra los cursos para "curar la homosexualidad" del Obispo de Alcalá se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel

Organizar cursos y editar una guía para intentar revertir la homosexualidad parece estar extinto de consecuencias legales para el Obispado de Alcalá de Henares; no así mostrar repulsa ante ello. Siete personas están llamadas a declarar en los juzgados de la ciudad complutense por una querella interpuesta desde Abogados Cristianos en la que les acusan de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro delito de incitación al odio. Una concentración en la Catedral-Magistral del municipio en repulsa de Juan Antonio Reig Pla, obispo de la ciudad, derivó en la entrada de varios de los activistas al templo, en donde corearon distintos cánticos contra la institución católica. Ahora se enfrentan a una pena de prisión que puede llegar a los cuatro años y una multa económica que podría alcanzar varios miles de euros.

Protesta frente a la Iglesia de Alcalá por las 

declaraciones LGTBIfóbicas. / MARIO ESCRIBANO

La querella remitida desde la entidad religiosa, conocida en la localidad madrileña por haber denunciado el despliegue de la bandera LGTBI en su Ayuntamiento hasta que un juez desestimó la retirada del emblema, pedía abrir diligencias contra los acusados por cuatro delitos, aunque el magistrado instructor solo han admitido dos de ellos. "Al final, el juez va a investigar los tipos penales que más se ajustan a la pretensión de Abogados Cristianos. Teniendo en cuenta que son una asociación en defensa de la cristiandad, este es el tipo penal correcto para ellos. De hecho, aunque no deja de ser totalmente anacrónico, es la figura jurídica que ha guiado a la Fiscalía en este tipo de casos", comenta Diego Herchhoren, abogado y activista.
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