Aquella mañana del 26 de marzo de 2019, Diego Catriel Herchhoren se encontraba repartiendo folletos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto a una compañera a las puertas del ambulatorio que hay a escasos 30 metros de la casa en la que vivía, como tantas otras veces había hecho. Ubicados en el barrio de El Alamín, en Guadalajara capital, empezaron a ver un gran despliegue de Policía Nacional. Se alarmaron. Pensaban que se trataba del caso del propio Herchhoren, sobre el que pesaba una orden de alzamiento de la vivienda en la que residía. Nunca llegó a pensar que debido a lo que ocurrió a continuación se enfrentara a hasta cuatro años y medio de cárcel y una posible petición de prisión preventiva por la gravedad de las condenas que pide la Fiscalía.
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| Policías antidisturbios llegan a la calle Argumosa de Madrid para ejecutar el desahucio de Josefa Santiago. -JAIRO VARGAS. |
Desde sus balcones profirieron gritos de repulsa a lo que estaba pasando y, además, lo colgaron en el perfil de Twitter de la PAH Guadalajara. "Casi fue un acto de impotencia por nuestra parte, porque no podíamos hacer mucho más para frenar el alzamiento. Con la policía no hubo ningún conflicto. Ni a mí ni a mi compañera nos identificaron porque no les hizo falta; ya nos conocían", continúa explicando lo sucedido Herchhoren.
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