Una oleada de desahucios vuelve a sacudir algunas de las 96 viviendas que la Sociedad católica de San Vicente de Paúl (SSVP) gestiona en Guadalajara. En proceso hay hasta seis alzamientos por distintas razones en estas viviendas que desde sus orígenes, en una cesión que hizo en los años 60 la condesa de Romanones a la entidad, debían ocupar personas con dificultades económicas. Actualmente, el Ayuntamiento de la ciudad, la congregación religiosa y la Junta de Castilla-La Mancha se están reuniendo para decidir sobre el caso.
La maraña de comunicaciones efectuada ante estos problemas es ingente. Desde el Ayuntamiento de la ciudad, aun habiéndose aprobado una moción para que desde el consistorio se pusiera a disposición de los vecinos "la documentación y el asesoramiento necesario para que puedan defender sus derechos", recalcan que las competencias en vivienda recaen sobre la Junta de Castilla-La Mancha. Desde la SSVP aseguran que han ofrecido a esta misma Junta ceder gratuitamente el bloque de viviendas para que sea gestionado desde la administración pública en su totalidad, una máxima que no le consta al socialista Eusebio Robles, el delegado de la Junta en Guadalajara. Mientras tanto, los procesos de desahucio siguen en pie.
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