Primero fue la Justicia, después el Defensor del Pueblo. Y el órgano liderado por Ángel Gabilondo vuelve a dar la razón a los vecinos de Arganzuela afectados por el Espacio Delicias. La finca, propiedad de ADIF, se utiliza de manera constante para celebrar espectáculos que superan los niveles permitidos de ruido sin que ello sea punible gracias a las licencias del Ayuntamiento de la capital. Según los cálculos de los afectados, hasta 280 días al año tienen que soportar pruebas de sonido, montajes y eventos que no dejan vivir tranquilo a un vecindario que reclama que esa parcela esté destinada para lo que está catalogada: uso dotacional.
Los espectáculos comenzaron en 2021, justo después de la pandemia. Sin embargo, las demandas de los vecinos datan de principios de los años 90 del siglo pasado. “Ya por entonces reivindicábamos que esos terrenos tuvieran el uso que aparece en el plan general de ordenación urbanística, es decir, uso dotacional básico y singular. Ahí podían levantar un centro de salud o un colegio”, ilustra el presidente de la asociación vecinal Delicias para Todos, Manuel Díaz.
El ruido se empezó a colar en sus casas. Sería algo temporal, les aseguraron desde el Consistorio capitolino. “Nos dijeron que sería como un circo, pero lejos de eso ahí pusieron una losa de hormigón de un grosor importante y una carpa permanente. Pronto vimos que acogerían espectáculos musicales”, relata el portavoz vecinal. El Ayuntamiento no realizó una inspección para evaluar los niveles de ruido hasta que Ecologistas en Acción interpuso una denuncia.
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