Con una nueva ley de Educación por Gobierno que llega a la Moncloa, España es el país de Europa con más leyes de educación aprobadas en los últimos cuarenta años, y ninguna ha pasado por un consenso, ni político, ni social. El desacuerdo pone en peligro la educación: ¿es posible que en algún momento llegue a su fin? La pregunta la plantea –y la intenta responder a través de un repaso de los problemas más acuciantes del sistema educativo– Xavier Massó, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, en su último libro El fin de la educación. La escuela que dejó de ser. En él, defiende que el sistema educativo ha terminado por segmentarse «como si de un bien de mercado se tratara», fruto de las múltiples reformas legislativas que han llevado a la educación a derivar en «su actual mercantilización».
En opinión de Massó, la última ley aprobada al respecto, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE
–conocida como Ley Celaá– no ha hecho más que recorrer, precisamente, este camino pavimentado por las anteriores: «La LOMLOE reproduce esa mercantilización de la educación en tanto y cuanto la segmenta, de manera que ofrece una determinada educación de un nivel en un sitio, y de otro nivel en un lugar diferente». Problema que, a juicio del experto, se fundamenta en «la concepción instrumental que se ha dado a la educación, que busca preparar a los jóvenes solo para el trabajo que desempeñarán en el futuro estando sujeta, por tanto, a criterios económicos».
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La educación es un derecho fundamental que no debe faltar para nadie, incluidos los funcionarios penitenciarios. Garantizar su acceso a una formación continua y de calidad es esencial para mejorar su desempeño profesional, fomentar un entorno más seguro y humano en las prisiones, y contribuir a la rehabilitación efectiva de los reclusos.