Un vídeo grabado por una cámara de seguridad de una farmacia en Córdoba capital ha sido la prueba que ha salvado a un ciudadano de ser condenado por atentado contra la autoridad. Acusado de dicho delito por un policía local, el visionado de las imágenes tuvo lugar durante las diligencias previas practicadas durante la investigación antes de la apertura del juicio oral.
Ahora, un auto del juzgado de instrucción número dos de Córdoba dictamina la absolución del ciudadano y la deducción de testimonio para dos agentes locales por haber cometido, posiblemente, los delitos de denuncia falsa y detención ilegal. El Ayuntamiento cordobés no ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de que al principio afirmara que el par de funcionarios estaba suspendido de empleo y sueldo hasta la nueva resolución judicial.
Todo ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando este ciudadano que prefiere mantenerse en el anonimato y no hacer declaraciones por el trastorno que le ha supuesto el caso "salió corriendo de la Policía Local asustado después de que le pidieran que se identificara", tal y como relata Valentín Aguilar, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y defensor del acusado. A los pocos segundos recapacitó, se paró en una esquina y decidió identificarse sin oponer ninguna resistencia.
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